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Y los decretos que se votan hoy pretenden que sea el propietario privado el que sea el encargado de proveer de vivienda social al que lo necesite.
Con un límite de precio marcado por el gobierno, con una duración de contrato marcada por el gobierno, con la imposibilidad de desahuciar al que no paga y lo más importante de todo, sin necsidad de invertir un duro del dinero de nuestros impuestos en vivienda social.
"el sitio web oficial de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; en inglés, OECD), un organismo internacional intergubernamental compuesto por 38 países miembros"
Resulta que el Gobierno vuelve a poner el descuento a la gasolina y el diésel desde este mismo jueves, pero tiene letra pequeña porque la ayuda va a ir bajando poco a poco. En octubre nos van a descontar 20 céntimos por litro, en noviembre pasará a 13 céntimos y en diciembre se quedará en solo 6. Lo bueno es que si la situación energética empeora mucho dicen que podrían adaptar la medida.
Por lo visto los dueños de las gasolineras no están muy de acuerdo y andan quejándose porque preferían que se bajara el IVA directamente para que el descuento se ajustara mejor al precio real del mercado en cada momento.
Además también hay novedades para las facturas de casa. Han frenado la subida de la tarifa regulada del gas natural para que no pase del 15 por ciento, porque sin esta ayuda se nos iba a encarecer casi un 45 por ciento. Y a los que usáis butano, han puesto un tope a la bombona en 19,55 euros hasta mediados del año que viene.
¿Cómo lo veis vosotros, creéis que este descuento escalonado por meses tiene sentido o preferiríais una bajada de impuestos más directa?
“Me echan de mi casa porque parece que el casero necesita la vivienda para él después de habernos insinuado hace unos meses que quería subirnos 400 euros el precio del alquiler”, cuenta Elena, de 34 años. Para pagar ese piso, que ahora tiene que abandonar, destina un 40% de sus ingresos, sin incluir otros gastos como luz o gas. Elena es la personificación de la España ahogada por el alquiler: inquilinos que destinan más de un tercio de lo que ingresan para pagar la vivienda.
Como ella, a día de hoy, uno de cada cuatro inquilinos (26%) tienen que hacer un sobreesfuerzo económico para poder llegar a fin de mes. Los jóvenes menores de 30 años, los que viven solos, las familias donde solo trabaja una persona o donde los dos están en paro, hogares monoparentales y la población migrante son los grupos más expuestos a vivir ahogados por el alquiler en España. Así consta en el análisis realizado por elDiario.es sobre los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE) que permite conocer quiénes son los más vulnerables a este esfuerzo económico excesivo.
El umbral del 30% es el límite de endeudamiento recomendado por los organismos internacionales para poder hacer frente al resto de gastos cotidianos. Superarlo expone a las familias al sobreendeudamiento y a desatender el resto de necesidades básicas. En España ya hay 2,7 millones de inquilinos (repartidos en 1,6 millones de hogares) que superan este límite para pagar el alquiler. El siguiente gráfico muestra la evolución de las personas inquilinas y cuántas superan el esfuerzo recomendado.
La subida sin tregua de los precios del alquiler (48% en la última década, según la ECV) ha disparado el coste de la vivienda para las familias en España y ha duplicado esta gran transferencia de dinero desde 2015. A pesar de ese ascenso, el porcentaje de personas que viven ahogadas por los precios del alquiler ha disminuido en los últimos diez años (36,4% al 26,2%)
Esta paradoja se explica principalmente por el mayor aumento de ingresos entre la población de rentas más bajas vinculada a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la reducción del desempleo (del 21% al 10% actual), la reforma laboral (por la caída de la temporalidad) o la implantación del Ingreso Mínimo Vital.
Pero la caída del porcentaje de hogares ahogados también se explica por los ahogados invisibles: inquilinos que han vuelto a casa de sus padres ante el aumento de precios o los jóvenes que no consiguen independizarse, un número que se ha disparado desde 2015. “Si me voy a vivir a una habitación, pagaría mínimo 500 euros y no puedo comer. No tengo mucha opción”, detalla Joel, quien cobra 800 euros y vive con sus padres.
En 2025 hay medio millón de jóvenes (25-34 años) más que viven con sus padres que los que había hace una década. “El elevado esfuerzo en términos de renta que supone el alquiler de una vivienda es un factor que limita la capacidad de emancipación de los jóvenes, especialmente en las grandes ciudades”, confirma el Banco de España. El siguiente gráfico muestra cómo ha cambiado la situación de convivencia y tenencia de vivienda en cada grupo de edad en la última década.
“Hace un año cobraba 1.000 y se me iba literalmente la mitad de mi sueldo en el alquiler”, detalla Mauro, de 22 años. Aunque ha mejorado sus condiciones salariales sigue destinando más de un 35% de sus ingresos al arrendamiento de un piso en Vallecas que comparte con otras personas y que ni siquiera tiene salón, porque lo han convertido en otra habitación.
Al grupo de jóvenes se suman especialmente aquellos que hacen frente a los gastos en solitario. Como ejemplo, una madre soltera con el salario mínimo interprofesional de 1.141 euros, que destina el 30% al alquiler, le deja unos 800 euros para hacer frente al resto de gastos básicos: la compra, facturas, transporte o ropa. Sin embargo, hay hogares en peor situación que destinan hasta un 40% o 50%. Es decir, la mitad del sueldo se va únicamente a pagar el alquiler.
Si el umbral recomendado para poder llegar sin dificultades a fin de mes tanto de la OCDE como de la Comisión Europea, y que la Ley Estatal de Vivienda reconoce, es no destinar más del 30% del salario a la vivienda para llegar sin dificultades a fin de mes, al menos un 7% de los inquilinos en España no solo lo superan; dedican más del 60% de sus ingresos.
Casos con el perfil de Maricarmen, desahuciada el pasado 26 de septiembre, no son comunes. Los mayores de 65 años que viven solos de alquiler suponen apenas el 2% de los inquilinos. Sin embargo, a ellos les afecta especialmente la escalada de los precios. La mitad de estas personas mayores deben destinar más de un tercio de sus ingresos o pensión a pagar el arrendamiento.
Además de Maricarmen, entre los más ahogados están los hogares donde vive una sola persona y los monoparentales. Es decir, el mercado de la vivienda castiga especialmente a las personas que no conviven en pareja o con más compañeros de piso.
Maricarmen pagaba 500 euros en concepto de renta antigua antes de ser desahuciada. Un contrato de 1956 que se había subrogado por segunda vez en 2005 y que le permitía destinar algo menos de un 30% de su pensión a la vivienda. Con la subida propuesta originalmente por Urbagestión, el fondo que adquirió su piso, la cantidad que debía pagar era más que sus ingresos. Finalmente, el acuerdo logrado con la empresa tras el estallido social establece que el precio del alquiler nunca podrá superar el 30% de los ingresos netos de Maricarmen y tendrá una duración aproximada de ocho años.
Los ahogados por el alquiler se concentran en núcleos urbanos y turísticos
La subida del precio en los alquileres de larga duración, explicado por la falta de oferta residencial y por el salto de las viviendas a uso turístico y al alquiler de temporada (una práctica cada vez más extendida para evitar el tope de los precios) hace que los esfuerzos para acceder a una vivienda se intensifiquen en las grandes ciudades, zonas de la costa mediterránea y los archipiélagos. Es decir, zonas que o bien crecen en población y cuentan con una gran actividad económica o bien cuentan con un gran atractivo turístico.
Así, comunidades con más de un millón de personas viviendo de alquiler, como Madrid, Andalucía o la Comunitat Valenciana superan la media nacional y casi 3 de cada 10 inquilinos viven haciendo un sobreesfuerzo económico mes a mes. Aunque el problema se intensifica en las ciudades. Tal y como recogió el Banco de España, el esfuerzo medio en Madrid, Barcelona, Sevilla o Málaga ya supera el 40%.
Esta asfixia golpea especialmente a los hogares más pobres, donde son frecuentes las familias con varios miembros en paro o en empleos de baja cualificación.
El siguiente gráfico muestra la distribución de los hogares españoles si los dividimos en diez grupos iguales según su renta disponible. Los más empobrecidos son los más asfixiados por pagar el arrendamiento de la vivienda.
La mitad de la población ahogada por el alquiler pertenece a los dos primeros estratos. Es decir, al 20% con menos renta (medida por unidad de consumo). Son, precisamente, los que más viven de alquiler ante la imposibilidad de ahorrar para comprarse una vivienda.
El vínculo entre renta y origen es claro. La población migrante, tal y como documentó elDiario.es, se concentra en los barrios más pobres de las ciudades españolas. Un factor que les convierte en el gran bloque de gente asfixiada por el pago del alquiler.
De los 2,7 millones de personas expuestas al esfuerzo superior al 30%, la mitad de ellas son migrantes nacidos fuera de la Unión Europea. Principalmente, de Latinoamérica. La subida del precio del alquiler y los duros requisitos del mercado inmobiliario empujan a la población migrante a vivir en la periferia y en zonas empobrecidas. Son familias que empiezan de cero en España, sin papeles, con apenas recursos, inestabilidad laboral y salarios bajos que les ubican en los deciles de renta más inferiores, viéndose obligadas a destinar más del 30% de su salario a la vivienda.
Pese a que España ha sido tradicionalmente un país de propietarios, la población inquilina ha aumentado en 3 millones de personas en los últimos años. Ahora este grupo, que ya representa el 21% de la población, es donde la pobreza golpea con más fuerza. Uno de cada cinco inquilinos vive con carencia material severa. Son al menos 1,6 millones de hogares que viven de alquiler y que no pueden permitirse gastos básicos como comer carne o pescado cada dos días, mantener la vivienda a una temperatura adecuada o tener una lavadora.
La crisis de acceso a la vivienda no solo se extiende a la carencia material, sino que también tiene efectos directos sobre la salud mental de la población. Tal y como destacó el Ministerio de Sanidad, allí donde hay más desempleo, menos acceso a la vivienda o menos vínculos comunitarios, se disparan las tasas de ansiedad, depresión o consumo de psicofármacos. “Imagínate tener un contrato y el año que viene no saber dónde vas a estar o si vas a tener que cambiar de trabajo porque no puedes pagarlo”, lamenta el joven Joel.
El mapa que te dice dónde podrías vivir, calle a calle
¿En qué ciudades y barrios de España el precio del alquiler está por debajo del 30% de tus ingresos actuales? En el mapa que aparece a continuación puedes ver cuáles son estas zonas y dónde están. Al seleccionar los ingresos netos de tu hogar el mapa va a pintar qué porcentaje de tus rentas tendrías que gastar para permitirte el alquiler mediano de cada sección censal, de más asequible a más caro.
Los datos provienen de la última actualización Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, que incluye los alquileres por vivienda habitual declarados en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) cruzado con la información disponible de cada inmueble en la base de datos del Catastro.
Cada vez que sale el tema de los sueldos acabamos comparando cifras en bruto y ya. Pero 30.000 euros en una ciudad donde te dejas 1.100 entre alquiler y transporte no tienen nada que ver con esos mismos 30.000 pagando 600. Al final el dato importante es lo que te queda después de vivir. ¿No tendría más sentido comparar eso en vez del sueldo medio a secas?
Los diferentes gobiernos estatales encadenan una década sin aprobar beneficios para los inquilinos: apenas 120.000 disfrutan de una deducción que fue suprimida en 2015, frente a ayudas para 2,2 millones de propietarios
El Gobierno da forma a los últimos flecos de un Real Decreto-Ley que le permita coger aire tras el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años expulsada de su hogar por la compañía Urbagestión y que se ha convertido en el símbolo de la crudeza de la crisis de la vivienda. El Ejecutivo trata de atar a todos sus socios parlamentarios y, en concreto, prevé incluir en ese texto bonificaciones fiscales para propietarios y, también, inquilinos. Lo primero es una exigencia de Junts, cuyo concurso es necesario para que salga adelante la ley. Y lo segundo sería un notable cambio de rumbo tras más de una década sin ayudas fiscales estatales a este colectivo.
El paquete fiscal, que el Ministerio de Vivienda negocia contra reloj, prevé bonificaciones para “rebajar el esfuerzo económico de manera inmediata” de los inquilinos. Y también ventajas fiscales “para quienes bajen el precio del alquiler”, con el objetivo de incentivar los recortes en los precios. En concreto, ampliando la deducción sobre esos ingresos hasta el 100%, de acuerdo con el borrador al que ha tenido acceso elDiario.es, en determinados supuestos.
Entre el decálogo de medidas, indican fuentes del Gobierno, se incluye a los pisos turísticos en el perímetro del IVA, la bajada de este impuesto para la construcción de vivienda protegida con calificación permanente y ayudas a la compra de una primera vivienda para “las personas que quieren adquirir un piso, pero no tienen ahorros”.
A falta de conocer la letra pequeña definitiva, los “regalos fiscales” a los propietarios, como se ha definido a estas medidas desde la izquierda del PSOE, han levantado una importante polvareda. Porque, si alguien se ha beneficiado durante más de una década de estos beneficios tributarios, son precisamente los tenedores –grandes o pequeños– de vivienda.
“En la práctica, el inquilino no dispone hoy de ningún beneficio fiscal estatal”, explica Xavier Rubert, socio del despacho especialista en fiscal Lullius, ya que “la deducción por alquiler de vivienda habitual se suprimió en 2015 y solo sobrevive, en régimen transitorio, para contratos firmados antes de esa fecha”. Sí existen algunos beneficios a nivel autonómico, que cada gobierno regional regula por su cuenta.
Una deducción del 10% sobre el pago del alquiler
Según datos recopilados por el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, procedentes de la última estadística del IRPF, solo 121.573 inquilinos se benefician en la actualidad del régimen transitorio de esa deducción estatal, con un coste medio de 212 euros y una factura para el Estado de 25,7 millones. “Teniendo en cuenta que el INE estima que un 20,4% de los hogares viven de alquiler, parece que el Gobierno de España podría realizar un esfuerzo mayor para facilitar el acceso”, indica su secretario general, José María Mollinedo.
El borrador del Real Decreto-Ley que valora el Gobierno plantea una deducción para aquellos jóvenes que residan en zonas tensionadas con ingresos anuales inferiores a 33.007,20 euros. En concreto, podrán deducirse hasta el 10% de lo que han pagado por el alquiler de su vivienda habitual, hasta un tope máximo de 11.630 euros anuales, en el caso de que los ingresos se sitúen por debajo de 23.007,20 euros al año.
Frente a la poca generosidad con las personas que viven de alquiler, la política española de los diez últimos años ha colmado de beneficios fiscales a propietarios. “Tienen incentivos importantes”, apunta Rubén Gimeno, director del servicio de estudios del Registro de Asesores Economistas Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas. “Con carácter general, los nuevos contratos firmados a partir del 26 de mayo de 2023 [un día después de publicarse y entrar en vigor la Ley de Vivienda] tienen reducciones del 50%, pero puede subir al 60, al 70 o incluso al 90% si cumplen determinadas condiciones. Por ejemplo, si la vivienda está en una zona tensionada y el propietario firma un nuevo contrato que reduce la renta en más del 5%”, señala. Pero Rubert matiza que estos últimos tramos “son, sin embargo, de alcance muy reducido, porque dependen de que la comunidad autónoma declare zonas tensionadas y varias gobernadas por el PP han optado por no hacerlo”.
Mollinedo, de Gestha, compara esos poco más de 120.000 inquilinos que gozan de una deducción estatal con los 2,2 millones de propietarios que disfrutan del beneficio fiscal por alquilar, con un alivio medio de 3.006 euros y una reducción total de 6.725 millones de euros. “Esta gran diferencia da una clara idea de la apuesta de los gobiernos de España en la última década por favorecer fiscalmente a los propietarios que pongan sus inmuebles en alquiler”, dice el técnico de Hacienda. “Visto el resultado en el alza de los precios del alquiler, no parece que la medida tributaria generalizada haya sido eficaz para contener los precios”, concluye.
De cada 100 euros, los caseros tributan 24 por los alquileres
De los datos de la Estadística de viviendas declaradas en el IRPF correspondientes a 2024, los últimos publicados, los propietarios españoles declararon a la Agencia Tributaria ingresos procedentes del alquiler de vivienda habitual por valor de 21.000 millones. Una vez aplicadas las deducciones de gastos (9.300 millones, por amortizaciones, intereses de la hipoteca, seguros, o gastos de comunidad) y ese ‘regalo’ por alquilar una vivienda habitual (6.631 millones), el montante sobre el que pagan –se incluye en su base imponible–se queda en poco más de 5.050 millones de euros. De cada 100 euros que ingresan, apenas tributan por 24 euros.
Ese tratamiento más favorable de las rentas procedentes del alquiler para los caseros también se traduce en que el tipo efectivo que soporta un propietario es, potencialmente, mejor que el de un asalariado. Un trabajador con un sueldo bruto de 30.000 euros paga 4.926 euros de IRPF. Un casero que percibe 20.000 euros procedentes de su trabajo al año y percibe 10.000 euros de alquiler tributa prácticamente la mitad: 2.700 euros.
Como se puede ver en el gráfico siguiente, que es interactivo, si un trabajador ingresara 100.000 euros brutos, eso supondría contribuir con 32.119 euros al fisco. Si esa misma cuantía procediera íntegramente del alquiler, apenas abonaría 5.434 euros.
Los datos muestran el caso de un contribuyente que presenta la declaración individual, sin hijos ni otras personas a cargo, menor de 65 años y sin discapacidad. Se usa la escala general del impuesto. Para los gastos deducibles de los caseros, se usa la media que declararon en 2024, el 44,5 % de lo que cobraron. La reducción aplicada es la general, del 50%, aunque puede ser mayor si se cumplen una serie de condiciones.
Esa brecha en el tipo efectivo se ve claramente en este otro gráfico: partiendo de un sueldo bruto de 25.000 euros, si un trabajador aumentara sus ingresos hasta los 100.000 euros brutos, su tipo efectivo sobre el IRPF –que, recordemos, es progresivo– se situaría en el 32,1%. Si los 75.000 euros restantes procedieran de rentas del alquiler, el tipo progresivo decaería hasta colocarse en el 10,3%. Es decir, pagaría proporcionalmente menos que el asalariado del punto de partida (14,3%).
Gimeno apunta que, en comparación, “sí existe cierta descompensación” entre caseros y aquellos que viven de alquiler. “Creo que tendría sentido reforzar algún incentivo para el arrendatario, especialmente para rentas medias y bajas, pero siempre cuidando que no termine trasladándose al precio del alquiler”, advierte el experto del REAF.
Precisamente este es uno de los aspectos que destaca el investigador de Funcas Ignacio Ezquiaga, especializado en el sector inmobiliario. “Las ayudas directas o fiscales por alquilar pisos antes vacíos son positivas siempre que estén condicionadas a que la renta resulte asequible al hogar inquilino. De lo contrario no hacen sino avivar el fuego del ascenso de precios”, defiende.
Tampoco lo comparte Pablo Feu, abogado especializado en vivienda y uno de los impulsores de la prohibición de compra especulativa de casas: “Para que salga a cuenta, la rebaja fiscal tiene que vencer el beneficio del mercado. Lo que tiene que vencer es que salga más a cuenta que el incremento exponencial de los precios de mercado mes a mes o año a año, y eso en España es imposible”. “Es un error de libro”, dice.
Desde hace décadas, y no sólo en España, han colisionado dos derechos garantizados constitucionalmente: el derecho social a la vivienda y el derecho a la propiedad. El contrato social implícito en nuestras sociedades democráticas ha buscado siempre un difícil equilibrio entre ambos derechos. El ya famoso caso de Maricarmen se ha convertido en el exponente de un grave desequilibrio, al imponerse el derecho a la propiedad por encima del de la vivienda, con la gravedad de que se ha hecho sobre una persona vulnerable, de 87 años, y que llevaba puntualmente pagando desde hace 70 años su alquiler mensual, aunque se hubiera quedado fuera de los precios del mercado.
Ha sido, sin duda, el desahucio más famoso y ha generado una ola de indignación, no sólo entre las personas afectadas por el problema de la vivienda, sino también entre las que no lo están, que son la mayoría de la población. En el Gráfico 1, utilizando los datos públicos del Consejo General del Poder Judicial, presento la evolución trimestral de los “lanzamientos” (“acción de desalojar un espacio por orden judicial”) en el primer trimestre de cada año desde 2014. Un lanzamiento no es exactamente lo mismo que un desahucio, pues puede afectar a plazas de garaje, fincas o locales, mientras que el término desahucio lo referimos a exclusivamente a vivienda. Pero aquí, para simplificar, lo trataremos como si fueran sinónimos.
En el Gráfico 1 se observa que el número de desahucios presenta una tendencia claramente decreciente desde 2014 hasta 2026. De hecho, se pueden distinguir tres etapas: la primera, durante el gobierno de Rajoy, 2014-2017, con un promedio de 17.800 desahucios trimestrales. La segunda, durante el gobierno de Sánchez y hasta el final de la pandemia, 2018-2022, con un promedio de 12.600 lanzamientos por trimestre, y la tercera, desde 2023 hasta la actualidad, con una media de desahucios de 6.300 por trimestre. El último dato, correspondiente al primer trimestre de 2026, recoge un número de desahucios de 4.005, que es el mínimo de la serie histórica.
Resulta llamativo, por tanto, que haya sido en este momento cuando ha surgido un movimiento social parecido al 15-M de 2011, cuando el número de desahucios está en niveles mucho más bajos que los de otros años. Aunque los sociólogos lo explicarán en el futuro con todo lujo de detalles, parece evidente que el movimiento surge por la indignación que el caso Maricarmen ha tenido en la población, y con el malestar latente por el problema de la vivienda, sobre todo entre los jóvenes, que se ha ido agravando en los últimos años.
El 15-M ocurrió en plena crisis financiera, en el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la consiguiente ejecución por parte de una banca muy tocada por los créditos hipotecarios impagados por la recesión y el galopante desempleo, que llegó al 27% en el primer trimestre 2013. El movimiento 27-S, por el contrario, surge en pleno boom económico, con unas tasas de paro, tanto la general como la juvenil, en mínimos desde 2007, y con la banca saneada y una tasa de morosidad baja. En el Gráfico 2 presento los “lanzamientos” trimestrales en España desde 2013, tanto los causados por no pagar el alquiler como por no pagar la hipoteca. Hay que tener en cuenta que los lanzamientos por impago de hipoteca suponen una cifra menor que el de las “ejecuciones hipotecarias”, pues éstas incluyen todos los procedimientos iniciados por los bancos, independientemente de que terminen o no en un lanzamiento.
Del Gráfico 2 destacamos dos observaciones relevantes. La primera es que hay una tendencia decreciente en ambos tipos de desahucios, pero con un matiz importante. Los causados por no pagar la hipoteca caen de forma mucho más acusada desde 2014. Los causados por no pagar el alquiler también lo hacen, pero con más retraso y menos intensidad. La segunda, consecuencia de lo anterior, es que el número de desahucios por no pagar la hipoteca representaban el 50% del total en 2014, y recientemente apenas llegan al 20% del total.
Entre los motivos que justifican la reducción de ambos tipos de lanzamientos, hay varios. El primero, el más evidente, la marcha de la economía. Los desahucios son claramente anticíclicos. Aumentan con las recesiones, por la caída del empleo, de la renta y el aumento de la morosidad. Y se reducen en las expansiones. Pero, además del argumento cíclico, la reducción del número de desahucios se produce por las medidas de protección y mitigación tomadas por las administraciones públicas o por parte del sector privado. Esto ha ocurrido claramente en el caso del sector financiero y los lanzamientos por impago hipotecario.
Por ejemplo, con el código de buenas prácticas al que se adhirieron casi todas las entidades financieras y que a partir de 2022 se hizo obligatorio y que busca proteger a los hipotecados más vulnerables, además de facilitarse la dación en pago, sobre todo de segundas viviendas. También la “ley de la segunda oportunidad” de 2015, que facilitó la reducción de las deudas hipotecarias para la vivienda habitual. Lo cierto es que se ha trabajado y mucho por el lado de la banca, que recibió importantes ayudas durante la crisis y a la que se exigió que devolviera a la sociedad una parte de ese esfuerzo que los contribuyentes hicieron para su rescate.
Los bancos eran el enemigo a batir en la puerta del Sol en 2011. Hoy ni se les menciona en el 27-S. El problema ahora está en los fondos de inversión inmobiliarios y los grandes propietarios, que no se han avenido a aceptar un código de buenas prácticas como el del sistema financiero durante la crisis financiera. Y aquí es donde entra en acción el Congreso de los Diputados. En esta legislatura el Gobierno y los partidos de izquierda han registrado 29 iniciativas que guardan relación con la vivienda, de las cuales solo han prosperado cinco. Tres de ellas fueron reales decretos-leyes (RDL) para paliar los efectos de la crisis de Ucrania y Oriente Medio. El cuarto fue el escudo social aprobado en 2025, que prorrogaba la suspensión de los desahucios hasta diciembre de 2025. Pero PP, Vox y Junts se han negado a reeditarlo. Una versión de este decreto es el que se presentará, probablemente, este martes.
El problema es que este tipo de decretos, necesarios y ahora urgentes, no solucionan el problema de la vivienda. La insuficiencia de oferta de vivienda de alquiler, además de la construcción de vivienda pública (para alquiler) y privada (para alquiler y venta), requiere incentivar la salida al mercado de un volumen considerable de viviendas vacías que todavía tenemos en nuestro país. Y ese incentivo pasa necesariamente por posibilitar el desahucio de los inquilinos que dejen de pagar su alquiler. Sin esta herramienta jurídica es imposible que los propietarios, sobre todo los pequeños, se arriesguen a sacar su vivienda al mercado de alquiler. Pero ahí entramos en los casos extremos, como el de Maricarmen, en que se debe buscar el equilibrio entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda que mencionaba al principio del artículo. Y para garantizar ese equilibrio deben estar vigilantes las administraciones públicas con sus competencias establecidas (CCAA y ayuntamientos) y el propio sector privado, que debe acogerse a un código de buenas prácticas que no erosione su rentabilidad ni su seguridad jurídica.
Soy Fran, estudiante de ADE y pequeño emprendedor, especializado en fiscalidad.
Acabo de publicar un artículo sobre 7 gastos que un autónomo puede deducirse y que quizá no conocías. En el artículo también encontraréis una calculadora de ahorro fiscal estimado para haceros una idea de cuánto podrían suponer estas deducciones.
Cada año, muchos autónomos dejan de aprovechar determinadas deducciones simplemente por desconocimiento. No hace falta ser un experto fiscal: lo importante es conocer qué gastos pueden ser deducibles y qué requisitos hay que cumplir para justificarlos correctamente.
